Como es notorio, en el transcurso de esta semana que finaliza, cumplió una visita a Salto el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, quien en la oportunidad, entre otras actividades cumplió una visita a la Unidad Nº 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación. Allí, se planteo y analizó, la muerte del recluso, Marcelo Ramón Azambuja Benítez, registrada el domingo 24 de marzo, luego de una requisa. Circunstancias por la cual se dispuso investigación, cuyos resultados se desconocen y si culminó.
¿Que pasó el domingo 24 de marzo?
El domingo 24 de marzo pasado, a primera hora de la mañana, entre las seis y las siete, se hizo una requisa en el pabellón número 10 de la cárcel Departamental. En ese operativo, según confirmó a LA PRENSA, fuente confiable, que pidió no ser identificada, un funcionario policial que ejerce un alto cargo jerárquico, acompañado de un funcionario civil operador penitenciario, habrían golpeado repetidas veces al preso que presuntamente se habría resistido al operativo de requisa. A consecuencia de la golpiza el recluso identificado como Marcelo Ramón Azambuja Benítez , sufrió un infarto que le provocó la muerte.
La versión oficial no se ajustaría a los hechos
El hecho, en manos de la justicia penal, recibió una versión de los hechos que según el aporte recibido por este diario, no se ajustaría a los reales. “La información que se dio a la justicia es totalmente falsa” afirmó la fuente. Lo que se habría declarado oficialmente, es que el privado de libertad se desacató, por lo que fue sacado del pabellón y dejado solo en una oficina. Al volver los dos funcionarios a la oficina encontraron el preso desvanecido, intentaron hacerle reanimación cardiorrespiratoria sin éxito. Posteriormente se llamó a un servicio de emergencia medica ( EMI), quienes no lograron reanimar al preso.
Cabe consignar que la enfermería, no habría asistido anteriormente al interno por síntomas que pudieran explicar el infarto. Además, se afirmó a este diario, que habría existido un intento de alterar los registros del Libro de Novedades diarias, de la Guardia interna de la Unidad; como así también el Libro de Novedades de atención médica, donde se lleva el registro de quienes solicitan atención médica. Ambos con la intención de generar pruebas que puedan explicar el deceso del interno. Los encargados de esos libros se negaron a realizar la maniobra de encubrimiento.
Si los hechos fueran como afirma la fuente de LA PRENSA, los funcionarios estarían expuestos a un proceso penal por homicidio por dolo eventual, o homicidio por ultra intención. Esperemos que las actuaciones que se han llevado adelante, se culminen y se den a conocer al Comisionado, que se interesó por el tema, y públicamente se informe de lo que realmente sucedió, si se ajusta a la versión que una fuente confiable, aportó a LA PRENSA.
Fuente; diario La Prensa